El académico de número comenta las medidas que se discuten en Chile para abordar el tema de la violencia en el sistema escolar, en una columna de Ciper.
Cada vez que ocurre un acto de violencia en un colegio o universidad chilena, el ciclo se repite con una frecuencia casi automática. Primero, las imágenes: un pasillo cubierto de sangre, una profesora caída, bombas molotov frente a un liceo emblemático. Luego, llegan los titulares y la indignación, generando pánico moral. Posteriormente, se anuncian medidas como pórticos detectores de metales, revisión de mochilas, penas agravadas y más cámaras de vigilancia. Finalmente, tras unas semanas, todo vuelve a la calma —hasta que sucede otro episodio—.
Este ciclo va más allá de simples problemas de comunicación, de gestión de crisis y de reparación de daños colaterales. Es un reflejo de un diagnóstico erróneo que se repite sin enmendarse. Se trata el desorden palpable —¡y claramente repudiable!— como si fuera la raíz del problema, cuando en realidad es solo su manifestación más evidente.
El problema de fondo es otro, más profundo y difícil de nombrar: una crisis de autoridad de las instituciones adultas que ya no logran cumplir su función esencial ante las nuevas generaciones.