En su columna de La Tercera, la académica de número analiza el debate institucional y constitucional sobre el proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”.
El 22 de abril se ha presentado a la Cámara de Diputados el Mensaje Presidencial que contiene el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Al mismo tiempo, el jefe del Estado ha hecho presente la suma urgencia en su tramitación, lo que obliga a tramitarlo en un plazo máximo de 15 días en cada Cámara.
En forma coetánea a dicha presentación, diversas colectividades políticas han anunciado que requerirán al Tribunal Constitucional. Las noticias al respecto aún son vagas, pero puede anticiparse que algunos de los aspectos cuestionados tienen que ver con las ideas matrices o fundamentales del proyecto y con la norma sobre invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años aplicable a inversionistas locales y extranjeros que inviertan en Chile montos superiores a los 50 millones de dólares. Del mismo modo parece reprocharse la norma que establece la exención del pago de las contribuciones de bienes raíces a las personas mayores de 65 años de edad.
Desde luego merece celebrarse la idea de que se considere al Tribunal Constitucional como un baluarte de la constitucionalidad después de que durante muchos años fuera calificado como una “tercera cámara”.