En su columna de La Tercera, la académica de número analiza la necesidad de reformar el mecanismo mediante el cual se designan los jueces en Chile.
El ministro de Justicia ha anunciado que el gobierno persigue introducir modificaciones al proyecto de reforma constitucional referido a los nombramientos judiciales que se encuentra en segundo trámite constitucional, en el Senado, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados.
El anuncio se produce cuando hace pocos días atrás supimos que el Ministerio Público presentaría una querella de capítulos destinada a obtener la formalización de una jueza de Los Ángeles a quien se imputan actos de prevaricación. Por otro lado, sabemos que dos exministros de la Corte Suprema y una exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago se encuentran bajo investigación penal por posibles delitos relacionados con tráfico de influencias, violación de secretos y prevaricación.
Estos lamentables hechos, unidos a la destitución de tres ministros de la Corte Suprema en virtud de sendas acusaciones constitucionales, han llevado a que, en la inauguración del año judicial, la presidenta del máximo tribunal, manifestara vergüenza ante la crisis de corrupción que afecta al Poder Judicial.