El académico de número reflexiona sobre el debate en torno a la nueva educación pública en Chile, en su columna en El Mercurio.
La discusión sobre la Nueva Educación Pública y los Servicios Locales de Educación (SLEP) se ha convertido en uno de los debates más contenciosos del sector educacional chileno. No es el único, por cierto, pero sí uno que condensa tensiones políticas, técnicas e incluso culturales que atraviesan nuestra conversación sobre el futuro del sistema escolar.
Como suele ocurrir en estas controversias, el debate se ha ordenado en torno a dos posiciones extremas. Por un lado, quienes sostienen que el proceso debe seguir adelante tal como está diseñado, lo más rápido posible y sin alterar sus fundamentos. Por otro lado, quienes proponen directamente una contrarreforma que devuelva la administración de la educación pública a los municipios.
Son posiciones “puras”, coherentes en su lógica interna, pero minoritarias e inviables. Entre ambas existe una amplia gradación de visiones intermedias: aceptaciones con matices, críticas parciales, apoyos condicionados o rechazos que no necesariamente implican retroceder al modelo anterior. El problema es que esa zona intermedia —que probablemente representa a la mayoría de quienes observan el sistema con cierto realismo— rara vez logra ordenar el debate público.