El académico de número reflexiona sobre el cambio de mando, en una columna publicada en El Mercurio.
La entrega de la banda presidencial a quien ha ganado una elección limpia es uno de los gestos más elocuentes de la democracia. En ese acto se renueva la convicción de que el poder puede cambiar de manos pacíficamente y de que una comunidad política puede darse continuidad al margen de sus diferencias.
Por eso es razonable desear éxito a quienes inician un mandato. También lo es concederles la oportunidad de mostrar el valor de sus ideas. Pero esa disposición debe ser recíproca. Un gobierno entrante no debiera fundar su legitimidad en la descalificación de quienes se van, ni en sembrar sospechas sobre lo que fueron sus intenciones. Tampoco necesita presentar al país como una tierra arrasada para hacer más impresionante su propia llegada. Eso —se lo busque o no— humilla y alimenta resentimientos que tarde o temprano pasan la cuenta, como lo ha comprobado la generación que hoy deja el poder.
Hay, además, una razón más profunda para guardar esa compostura. A quienes ejercieron democráticamente la administración del Estado se les debe respeto, no solo por deferencia personal y por una elemental consideración republicana, sino también porque encarnaron la voluntad ciudadana. Y esa voluntad, aun cuando luego cambie de signo, merece ser tratada con respeto. Degradar sin matices a quienes la representaron equivale también a rebajar la dignidad del propio juicio ciudadano.