El académico de número electo plantea que Chile debe dar un giro en su política social, en su columna de El Mercurio.
Más de 1,1 millones de niños y jóvenes menores de 18 años viven en la pobreza según la Casen 2024. Un 92,4 por ciento de ellos se encuentra en hogares donde no hay personas de 65 años o más. La brecha con la línea de pobreza de estos hogares llega a 91 mil 300 pesos por persona. En cambio, en los hogares que cuentan con personas mayores y que viven en pobreza esa brecha es en promedio un 31,2 por ciento inferior. Dichas personas en su gran mayoría reciben la PGU. Los subsidios monetarios que reciben estos hogares ascienden a un promedio de 202 mil 600 pesos. En cambio, los hogares con presencia de menores y sin adultos mayores que están en pobreza reciben un subsidio monetario promedio de solo 54 mil 254 pesos. Su realidad sería muy distinta con subsidios parecidos a los de esas otras familias. Por cierto, esta realidad no puede sorprendernos. Ha habido una prioridad para aliviar la pobreza en la vejez.
Sin embargo, cabe preguntarse si no es el momento de avanzar hacia mayores transferencias monetarias para los hogares donde se concentran los menores de edad. Cada vez tenemos más claros los costos para el desarrollo de los niños y jóvenes que viven en pobreza y el aumento en comportamientos sociales riesgosos que, por distintas razones, esos entornos pueden provocar. Ahora en los hogares en los que viven esos niños y jóvenes pobres, y que no cuentan con adultos mayores, se concentra un poco más de un 62 por ciento de todas las personas que viven en pobreza. Hay, por tanto, una “externalidad” relevante en una política dirigida a aliviar la pobreza de los menores de edad.