El académico de número reflexiona sobre el debate en torno a la eutanasia en su columna de El Mercurio.
Los defensores de la eutanasia suelen recurrir a un concepto central para defender su agenda: la autonomía. Según ellos, la legalización del suicidio asistido es una consecuencia natural del reconocimiento de la autonomía individual: si un enfermo terminal, expuesto a grandes sufrimientos, prefiere morir, nuestra única respuesta legítima es permitirlo. Allí donde la autonomía se pronuncia, las otras razones han de callar. Más aún —insisten sus partidarios— la ley no obligará a nadie a hacer tal o cual cosa, sino que aumentará nuestro margen de libertad. Hasta acá, la argumentación es límpida e impecable: ¿por qué habríamos de inmiscuirnos en decisiones de otras personas? ¿No parece lógico que cada cual decida en función de sus propios criterios?
Sin embargo, la cuestión es más delicada de lo que parece, por varios motivos. El primero guarda relación con las condiciones de ejercicio de la autonomía. La autonomía no se erige sobre la nada, sino que supone un terreno sobre el cual desplegarse. El primero de ellos es el carácter indisponible de la vida, y la regla moral que se funda sobre ese hecho: no es lícito atentar contra la vida del inocente. En este caso, el problema surge porque el propio agente solicita la muerte. ¿Es ese un motivo suficiente para saltarnos la regla moral? ¿O bien cabría pensar que la misma autonomía supone que esa regla moral debe ser inviolable?