En su columna de La Tercera, la académica de número reflexiona sobre el sistema de designación de jueces en Chile.
El Presidente de la República ha concretado la nominación de dos candidatos para ocupar dos de las vacantes pendientes de proveerse en la Corte Suprema. Esta propuesta debe someterse al acuerdo del Senado de conformidad con el sistema actualmente vigente.
Las nominaciones indicadas hacen propicio el momento para reflexionar acerca de los nombramientos judiciales atendidos los lamentables episodios ocurridos el año pasado que llevaron a la destitución de dos ministros de la Corte Suprema involucrados en conflictos de intereses y faltas a la probidad. A ello se une el caso de la jueza de garantía, hoy suspendida de sus funciones, y autora de un inexplicable error en la decisión de una medida cautelar que terminó en la libertad y posterior fuga del “sicario de Meiggs”.
En este sentido, debe tenerse en cuenta la opinión evacuada por la Comisión de Venecia, a requerimiento del ministro de Justicia y Derechos Humanos, respecto de la reforma constitucional que se tramita en el Congreso, sobre el gobierno judicial y la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales.