La académica de número analiza la ruptura de la trádicion constitucional chilena en su columna de El Mercurio.
Nuestra República fue fundada sobre la base de ideas que podríamos definir como una combinación, por una parte, de pensamiento conservador de origen anglosajón y de liberalismo clásico, por otra, conformando una tradición que se ha mantenido, en lo fundamental, a través de nuestra historia constitucional.
El pensamiento conservador de intelectuales y políticos chilenos del siglo XIX no fue reaccionario ni monárquico, no aspiraba a la restauración del antiguo régimen, sino a la construcción de una República. Abogó por la libertad dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho, al orden y la ley, y fue partidario del cambio a través de reformas graduales y no de la revolución.
Los autores de la Constitución de 1833, cuyos principios fundamentales nos han acompañado en nuestro desarrollo institucional, salvo situaciones excepcionales, creyeron en una democracia representativa, en la igualdad ante la ley y en el imperio de las libertades civiles, aunque ellas fueran, en la práctica, a veces limitadas si el orden era amenazado, por cuanto, como dijera Andrés Bello, la verdadera libertad era la “sumisión disciplinada a la ley”.