El académico de número aborda el impacto financiero que tiene la delincuencia en la economía chilena en una columna de Ex-Ante.
El pasado 30 de marzo finalizó la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Chile. En la agenda del evento destacó desde el primer día la preocupación por el crimen organizado y la delincuencia, un problema que se agudiza en Chile y el resto de América Latina. Ya en noviembre del año pasado el BID había estimado que los costos directos del crimen, en América Latina, durante 2022, eran de 3,44% del PIB, equivalente a 80% del presupuesto educativo, una estimación compartida por otro estudio similar del Fondo Monetario Internacional. El mismo estudio del BID señala que en Chile el costo del crimen habría sido del 2,4% del PIB el 2022.
Sin embargo, dicha estimación, como reconoce el BID, se basa sólo en los costos “directos” del crimen:
(1) la pérdida en capital humano y productividad (en Chile 0,47% del PIB),
(2) el gasto en prevención del crimen del sector privado (en Chile 1,05% del PIB), y
(3) el gasto en prevención del crimen del sector público (en Chile 0,88% del PIB).