La académica de número reflexionó sobre la gran alternativa que tiene la Convención Constitucional para reforzar los lazos comunes entre todos los chilenos en una columna del diario digital El Líbero.
Se ha cumplido un mes de funcionamiento de la Convención Constitucional. Un mes de luces y sombras acompañado de un 51% de confianza ciudadana en el trabajo de aquella por sobre el 63% alcanzado a principios de julio, según los resultados de la encuesta Cadem.
Se puede discrepar acerca de la forma como se ha desempeñado la Mesa de la Convención, el manejo de los gastos y asignaciones de los convencionales, el excesivo uso de simbolismos y la exacerbación de las particularidades en un país cuyo lema, después del 18 de octubre de 2019, fue la reivindicación urgente de la igualdad. Pero la preocupación más relevante gira en torno a las divisiones y sectarismos que se han ido manifestando en el curso del trabajo de este órgano constituyente reflejada en discursos confrontacionales y en el intento permanente de vetar y excluir de los acuerdos a quienes piensan distinto. Este último punto ya debiera llamar nuestra atención, porque esta Convención “democrática” pareciera perder de vista que uno de los elementos esenciales de la democracia es la tolerancia y el respeto al pluralismo de ideas y posiciones.
Una primera cuestión que suscita la reflexión anterior es si bastará que la Comisión de Ética de la Convención haya hecho aplicables a sus miembros las normas pertinentes del Reglamento de la Cámara de Diputados y, en caso de hacerlo, cómo se conformará el grupo de convencionales destinados a juzgar las faltas imputables a uno de sus pares. No está demás recalcar que la independencia y objetividad del juzgamiento, así como el respeto a las reglas del debido proceso, serán claves para impedir que se sancione injustamente a algunos convencionales.
