El académico de número reflexiona sobre el proceso constitucional en su columna del diario Estrategia.
Una de las más grandes aspiraciones asociadas a la preparación de un borrador de nueva Constitución Política para Chile, era que la misma fuese una instancia de reencuentro y unidad nacional. Efectivamente, como lo pusieron en evidencia los firmantes que respaldaron el llamado Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019, la razón de fondo de tanta protesta violenta y destructiva estaba en la insatisfacción con la Constitución que hasta ahora nos rige. La salida que se dio y que fue ampliamente respaldada en un plebiscito, consistió en generar una Convención Constitucional abocada a la tarea de redactar una propuesta de nueva Constitución, que diera así salida a la insatisfacción manifiesta en las múltiples protestas. Por cierto en tal escenario y obedeciendo a ese diagnóstico, era de esperar que el mencionado borrador pudiese constituir el camino para el reencuentro del país y la fijación de un nuevo horizonte imbuido de un amplio espíritu de acuerdo. Naturalmente, nadie podría esperar que la “Casa Común” que debe ser la CPR albergará a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, pero al menos debería esperarse que el texto interpretara a quienes (un 80% aproximadamente) respaldaron la realización de la Convención y pusieron en sus manos la importante tarea.
Es cierto, como muchos mencionan, que la protesta en las calles no hacía explícito un sentimiento de frustración con la Constitución vigente, sus reglas y resultados. En realidad tales protestas giraban en torno a cosas como la deficiente salud pública, la crítica situación de la educación pública a todo nivel, la inseguridad que se vivía (y vive) en la república, y la insuficiencia del sistema de pensiones vigente. La interpretación que nuestra clase política otorgó al asunto, fue que todo ello podía reducirse a la necesidad de reescribir la Constitución, en la esperanza de que un nuevo texto pusiera las cosas en su lugar, brindando así encuentro y paz al país. También muchos otros destacan que la Constitución vigente había mantenido “taponeada” las soluciones a los problemas mencionados, desconociendo que las reformas practicadas, especialmente a partir de 1990, la hicieron en verdad un nuevo texto, firmado y promulgado el año 2005. Sin embargo, se esperaba que todo este debate convergiera al acuerdo que debía instalar la Convención Constitucional.
