La académica de número analiza el futuro del programa de Apruebo Dignidad sin la aprobación de la propuesta de nueva Constitución en su columna del diario El Mercurio.
Razón tiene el Gobierno al afirmar que sin la aprobación del texto constitucional propuesto por la Convención hay muchos aspectos del programa, y sobre todo del ideario del Partido Comunista y del Frente Amplio, que no podrían llevarse a cabo.
Entre otros, y en primer lugar, el Presidente tendría que seguir presidiendo la República de Chile, tal cual la hemos conocido, sin “un Estado plurinacional” con territorios indígenas política y financieramente autónomos; tampoco podrían entregarse privilegios y derechos especiales a dichas comunidades que el resto de los chilenos no puedan gozar. En suma, tendría que seguir gobernando de acuerdo al principio fundamental de la modernidad: la igualdad ante la ley.
Del mismo modo, tendría que seguir aceptando la existencia de un Poder Judicial independiente y autónomo que se rija por el respeto a la ley, sin discriminaciones arbitrarias de género o etnia. No contaría, entonces, con un Consejo de la Justicia todopoderoso, con extensas facultades sobre los jueces que lo integran (los nombra, los gestiona, los gobierna, los forma y los disciplina). Y, por cierto, tampoco gobernaría con un sistema jurídico de pueblos indígenas coexistente, en un plan de igualdad, con el régimen de justicia nacional.
