La académica de número analiza la opción de aprobar para reformar liderada por el Presidente de la República en su columna del diario El Mercurio.
Mi único acuerdo con el ministro Jackson es que conviene hablar sin eufemismos, aunque, ciertamente, no le reconozco el monopolio de esa virtud, ni a él ni a su grupo etario.
Es verdad que su sector político tiene valores muy distintos a los de sus antecesores, lo cual no es sinónimo de superioridad moral. Por el contrario, la generación de la transición, que él tanto desprecia, mostró valores que son esenciales para la civilización: humildad para saber que en política no existen verdades absolutas e inmutables; tolerancia y capacidad para llegar a acuerdos y crear consensos; y rechazo de la violencia como método legítimo para resolver nuestras diferencias. Todo ello permitió —al menos por 30 años— la convivencia pacífica de un país fragmentado; aseguró la recuperación de la democracia liberal representativa y con ella la restauración de los derechos fundamentales de la persona humana; y logró, además, con sus políticas públicas, cumplir con el mandato ético primordial de mejorar las condiciones materiales de vida de todos los chilenos y sacar de la indignidad de la miseria a millones de compatriotas.
El texto que, hasta hace unos pocos días, el Gobierno aprobaba incondicionalmente pone una lápida a la democracia representativa como se conoce en el mundo occidental, al eliminar la separación de poderes, los equilibrios y contrapesos, el Senado como parte del Poder Legislativo, un Poder Judicial políticamente independiente, la igualdad ante la ley, y los límites que deben existir a aquello que es materia de decisión colectiva, como, por ejemplo, el derecho de los padres a elegir el proyecto educativo de sus hijos; y debilita, además, el fundamento material de la libertad, como es el derecho de propiedad, al no garantizar el debido pago en caso de expropiación.
