La académica de número analiza los alcances del concepto de “Estado social de derecho” en las dos últimas propuestas constitucionales en su columna de El Mercurio.
Un distinguido médico de la capital, conversando sobre las disyuntivas constitucionales que enfrentamos, me preguntó: ¿Usted cree que sería posible que un cristiano y un musulmán pudieran llegar a un consenso respecto a sus creencias religiosas? Si bien la comparación puede resultar hiperbólica, sí me hizo pensar en la profundidad y extensión de los disensos que fragmentan nuestra sociedad y la dificultad que enfrentamos para establecer esos consensos mínimos indispensables para que la democracia funcione en un marco de estabilidad.
En el último proceso constitucional es probable que no se hayan hecho todos los esfuerzos posibles para lograr un texto que concitara la aprobación de una gran mayoría ciudadana. Las mayorías podrían haber mostrado más flexibilidad, pero las minorías fueron intransigentes. Sin embargo, por deseables que sean los consensos, el desacuerdo es parte de la vida en democracia —más aún en sociedades cada vez más diversas y plurales— y no se puede, ni conviene, eliminarlo.
