El académico de número analiza la política antiterrorista de Estado del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en una columna de El Líbero.
“Nosotros rechazábamos el terror individual sólo por motivos de conveniencia”, Lenin (1920).
Resumen de lo sucedido
El terrorismo es un fenómeno histórico, recurrente y tributario de la violencia política ancestral a nivel planeta. En nuestra época suele ser ejercido por las dictaduras y soslayado por los gobiernos democráticos. En Chile, el estallido de la revuelta del 18-O actualizó el tema a nivel nacional y, en especial, respecto al que asuela la Araucanía. Su incremento obedece tanto a la polarización política previa como a la ideológica brecha de confianza entre el gobierno incumbente y la fuerza legítima del Estado. A su vez, esto ha convertido al terrorismo en el gran catalizador de nuevos tipos de delincuencia, con especial mención del crimen organizado y el narcotráfico. En estas circunstancias, el rechazo de la propuesta constitucional del 4-S fue una advertencia contra los ideologismos comprometidos y abrió la posibilidad de un sinceramiento gubernamental en la materia.
Dilema entre manos
La evidencia del terrorismo suele generar la exigencia de “mano dura” a los gobiernos democráticos. Pero, los que no han superado la brecha de confianza con sus fuerzas policiales o militares -o la han fortalecido, como en nuestro caso-, temen que esa mano dura se convierta en manu militari o mute en “mano equivalente” (a la que ejerciera la dictadura).
