El académico de número reflexiona sobre la crisis migratoria en Latinoamérica en una columna en El Líbero.
Según estimados recientes, los venezolanos que buscan mejor vida en otra parte ya sobrepasaron los 7 millones y configuran un 25% de la población. Por orden lineal de llegada, los países más concernidos por su migración son Colombia (2.5 millones), Ecuador (sobre 500 mil), Perú (1.5 millones) y Chile (más de 450 mil).
Tan masivo éxodo -que supera la población de varios países representados en la ONU-, fue previsto por expertos, medios de comunicación y organismos internacionales. En 2016, The New York Times observó que la cantidad de venezolanos que dejaban su país configuraba “la migración más alta en más de una década”. Un año después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informó que entre 2014 y 2017 más de un millón de venezolanos emigró hacia otros países de América Latina.
Si se agrega que muchos de esos migrantes salían sin documentación y que los países mencionados no estaban preparados para recibirlos, el fenómeno configuraría una inédita catástrofe humanitaria. La están sufriendo los propios migrantes, que pagan peaje a “guías” inescrupulosos, no encuentran la vida que buscaban en los países de llegada y generan actitudes xenofóbicas. Pero, también la están sufriendo los habitantes de los países receptores. Inmersos en sus propias crisis, se perciben invadidos, víctimas de delincuentes de nuevo tipo y atemorizados por la expansión de los narcotraficantes, que aprovechan la confusión para expandir sus redes.
