El académico de número analiza los procesos constitucionales en América Latina en una columna de El Líbero.
Hay que imaginarse como historiador del siglo XXII para descifrar lo que está sucediendo con las democracias de este siglo XXI. Desde esa panorámica global, quizás podríamos entender la insoportable levedad de las constituciones políticas de América Latina. Cualquier crisis aguda hoy culmina con la demanda de una nueva Carta Magna y qué decir si se trata de una crisis con estallido incorporado.
Mi hipótesis es que todo comenzó en 1970, con la pretensión de Salvador Allende de iniciar una transición al socialismo sin ruptura del ordenamiento jurídico y, por tanto, respetando la Constitución. Un fenómeno inédito a nivel global que, para los expertos del mundo, convirtió a Chile en país-laboratorio. Fidel Castro, por su lado, tomó el tema con distancia. Como revolucionario paradigmático, prefería cerrar las facultades de Derecho, terminar con las elecciones y designar jueces a dedo.
Tras el trágico final de tan notorio proceso, Castro decidió afirmarse en su historia guerrillera. Tras inventar a Allende una muerte en combate y narrarla como si hubiera estado allí, extrajo una moraleja a su pinta: una revolución de verdad se hace fusil en mano y sin exponerse a elecciones que manipularán “los imperialistas”.
Presumo que, parafraseándose a sí mismo, dijo que “el primer deber de un revolucionario es violar la Constitución”.
