El académico de número reflexiona sobre la relación entre la democracia, los partidos políticos y la fuerza legítima del Estado en los países latinoamericanos en su columna de El Líbero.
Si me repito, es porque los estallidos se repiten. Por eso, permítanme una supersíntesis de lo sucedido en nuestro país, para después pasar a lo que está sucediendo en el Perú y ver si eso permite alguna moraleja o alguna conclusión alentadora.
Aquí en nuestro Chile, el estallido de la revuelta de 2019 produjo víctimas, vandalizó ciudades, incendió estaciones de metro y borró los vestigios de orden y autoridad del gobierno. “Estamos en guerra contra un enemigo implacable”, dijo Sebastián Piñera. Recién entonces nuestra denostada clase política coincidió con lo advertido por Georges Sorel (en 1907) a los parlamentarios franceses jacobinos: si seguían alentando la violencia “desaparecerían las instituciones de las cuales viven”.
Al borde de la cornisa y pese a que en algunos medios seguía hablándose de “manifestaciones pacíficas”, la evidencia fue casi ecuménica: era “la democracia, estúpido”. Pero, con la policía y la violencia desbordadas, ya no parecía sensato restablecer el orden y preservar la vida humana (incluyendo la propia) recurriendo a los militares. Ello implicaba un peligro mayor, pues los soldados no se entrenan para controlar paisanos… y tampoco quieren mucho a nuestros políticos.
