El académico de número propone un capítulo de la Constitución con el título de “Seguridad Ciudadana” en una columna de El Mercurio.
Ahora que se redacta una nueva Constitución, queremos, después de más de cincuenta años de ejercicio de la abogacía, también en lo penal, señalar las causas del aumento de la delincuencia, que están en la propia ley, y proponer un capítulo de la Constitución con el título de Seguridad Ciudadana, que sería lo único que podría remediar esta auténtica plaga.
Las causas, que residen en el sistema legal, son las siguientes:
1. Que la víctima —el querellante: el verdadero interesado— no puede ya pedir al juez diligencias de investigación, y apelar a la Corte de la resolución que se las deniegue;
2. Que ya no es obligatoria la persecución de todos los delitos, pudiendo omitirse la de los de poca entidad;
3. Que el fiscal puede decidir por sí no perseverar en la investigación, la cual ya no es obligatorio agotar; solo una resolución del juez, siempre apelable por el querellante a la Corte, ha de poder declarar cerrada la investigación, y el juez ha de poder decretar diligencias por propia iniciativa, e iniciar de la misma manera los procesos por delitos de acción pública, cuando estos sean graves y notables;