El académico de número analiza los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta el Gobierno del Presidente Gabriel Boric tras el resultado del plebiscito del pasado 4 de septiembre en una columna en El Líbero.
La mejor demostración de que el 4-S provocó un cambio de marea es la forma cómo el gobierno Boric ha debido adaptarse al nuevo cuadro de fuerzas.
Habiéndose preparado para lanzar una ofensiva político-programática luego de la victoria en el plebiscito pero, sobre todo, con el envión que habría significado contar con una Constitución refundacional y maximalista, el gobierno y su principal coalición—Apruebo Dignidad (AD)—se encuentra ahora haciendo el balance de pérdidas y reacomodando su estrategia y hoja de ruta para lo que resta de su periodo.
Efectivamente, la derrota experimentada por el gobierno y AD no ha sido meramente electoral y táctica, como insiste en decir Guillermo Teillier, presidente del partido Comunista (PC). Fue estratégica en el más evidente sentido de ese término: “de importancia decisiva para el desarrollo de algo”. En este caso, ese algo es el programa Boric prometido por el Frente Amplio (FA) y el PC.
Un programa con su propia impronta misional-refundacional y que anunciaba variados cambios paradigmáticos, estructurales y de modelo—desde la propia Constitución hasta la matriz productiva, pasando por salud, educación, previsión, medio ambiente, relaciones internacionales, etc.—conjuntamente con un nuevo Estado emprendedor (y no subsidiario según suele subrayarse), relaciones sociales igualitarias, plurinacionalidad, transición energética, construcción de una policía democrática, sistema de cuidados y no de abusos y así por delante. Tan ambiciosa propuesta de un ‘país reimaginado’ acarreaba consigo, ¡cómo no!, un notable aumento del gasto público; en su momento, en plena campaña electoral, llegó a estimarse en un mínimo de 8 puntos porcentuales del PIB.
