El académico de número analiza el escenario político del gobierno tras el plebiscito de salida en una columna en El Líbero.
La izquierda gobernante enfrenta serios problemas para llevar adelante su estrategia de cambios. Por lo pronto, parece no hacerse cargo de su propio diagnóstico de hace pocos meses sobre las consecuencias que traería consigo un rechazo del texto constitucional. De ocurrir esto, anticiparon los estrategas del gobierno, se volvería difícil concretar su propuesta de cambios.
Efectivamente, a comienzos de junio pasado, el ministro Jackson declaró a la prensa que «con la Constitución actual, muchas de nuestras reformas no se podrían llevar adelante». Luego reforzó esta idea en una entrevista de TV, precisando, que “hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento, un obstáculo certero en la actual Constitución (…) La reforma de salud no se puede hacer”. El propio Presidente salió a respaldar la tesis de su ministro, reiterando: “Es evidente que el actual marco constitucional, de la Constitución de 1980, es un obstáculo para algunas de las reformas que nosotros queremos hacer”. Finalmente, la ministra vocera del gobierno concluyó esta cadena de enunciados con las siguientes palabras, que ahora se convierten en un hecho consumado: “el programa de gobierno, su profundidad, depende también en gran medida de lo que pase el 4 de septiembre”.
Pues bien. No solo amarró la administración Boric la suerte de su programa al resultado del plebiscito, sino que apostó su propio poder al Apruebo, opción que el Presidente asumió como propia. La consecuencia es clara: el Presidente, su gobierno y su propia coalición (Frente Amplio y PC) experimentaron una derrota política de marca mayor. Esto llevó a un inmediato reacomodo del comité político del gobierno y a un nuevo balance de posiciones entre la coalición del Presidente y la coalición del ‘segundo anillo’ (PS, PPD, PR y aliados). Además, la continuación del proceso constitucional desplazó su centro de gravedad al Congreso Nacional, donde se incrementa el poder de la Oposición. Por último, el gobierno está forzado a redefinir su propia agenda programática y su aplicación, aspecto que voluntariosa pero inútilmente se resiste a admitir.
