El académico de número reflexiona sobre los reglamentos de la Convención Constitucional y cómo se va a configurar con los demás poderes del Estado y la sociedad civil en su columna del diario El Libero.
¿Qué cultura emerge dentro de una instancia política nueva, creada para definir la Carta Fundamental de una nación, como es el caso de la Convención Constitucional (CC) de Chile? ¿Qué valores y comportamientos asume tal colectivo? ¿Cómo se combinan en su interior las exigencias de legitimidad y efectividad? ¿Qué papel ocupan los elementos burocráticos (reglas y jerarquía), políticos (deliberación y negociación), tecnocráticos (especialistas y técnicos) y tradicionales (símbolos y narrativas) en la configuración de la entidad? ¿Qué principios y estándares proclama como orientadores de su trabajo? ¿Cuál es la imagen que el organismo busca proyectar hacia el exterior? ¿Cómo se relaciona con los demás poderes del Estado, con las organizaciones de la sociedad civil y con el electorado que finalmente debe aprobar su obra?
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En realidad, esa cultura de la entidad constituyente recién se halla en formación. Y todavía no alcanza un grado suficiente de consolidación. Así se muestra en las múltiples disputas aún no resueltas respecto a su propio origen, carácter, gobernanza y funcionamiento.
El origen de la CC, tal como lo entienden y expresan en sus relatos los propios miembros, es intensamente controvertido. Para unos (en el espíritu del 18-O), radica en el estallido social y el inevitable grado de violencia que lo acompañó y que sería necesario para transformar la sociedad. Para otros, en el acuerdo político-institucional (del 15-N) ratificado por una reforma constitucional y sancionado por un plebiscito. Este choque de relatos está en la base de la emergente cultura de la CC y, hasta ahora, no ha podido superarse. Es importante pues ambos relatos apelan a fuentes de legitimidad mutuamente excluyentes e inspiran visiones del organismo contrapuestas.
Como sea, esta dicotomía —origen social proto-revolucionario de la CC versus origen institucional reformista— late en una serie de otras dicotomías que se encuentran en la base de la cultura de la Convención: asamblea popular / convención constituyente, poder originario / poder derivado, soberanía completa / soberanía limitada, etc.
También las relaciones de la CC con los otros poderes del Estado aparecen tensionadas desde el primer día por esta ambigüedad no resuelta del origen y el alcance de las competencias y funciones. En general, el vínculo de la CC, y de los convencionales, con la institucionalidad existente, que es también preexistente al 18-O y no fue abrogada por la revuelta, está puesto continuamente en entredicho por la cuestión del origen.
