El académico de número detalla sus siete razones para rechazar la propuesta de nueva Constitución en su columna del diario El Mercurio.
Una Constitución debiera facilitar y garantizar la democracia, la que puede entenderse como aquel sistema en el que, tratándonos como iguales, resolvemos de modo pacífico nuestras diferencias. En una sociedad pluralista, nuestras legítimas diferencias ante disyuntivas complejas no pueden ser solucionadas por la mera invocación simplista de un principio, menos argumentando superioridad moral; pues típicamente exigen invocar varios principios tensionados entre sí, sopesarlos y, además, hacer cálculos de costos y de efectos no deseados de los caminos alternativos. La Constitución debiera facilitar además gobiernos eficientes, capaces de atender las necesidades económicas y sociales de la población, pero no tan fuertes como para amenazar las libertades.
Votaré Rechazo. He llegado a la convicción de que el texto que nos propone la Convención no facilita la resolución pacífica de nuestras legítimas diferencias. Y no lo hace, en primer lugar, porque el texto no es, él mismo, neutro en aquellas posiciones que nos dividen entre posturas igualmente legítimas. Escoger entre esas posturas discrepantes no es tarea de un texto constitucional. El proyecto toma partido y petrifica opciones legítimas, pero partisanas. Las constituciones no deben ser cartas de triunfo para derrotar a los adversarios políticos. Su carácter supramayoritario no está para propinar esas derrotas, sino para establecer el modo de procesar nuestras legítimas diferencias. Esta es otra Constitución partisana, como lo fue la de 1980. Si se aprueba, es improbable que alcance legitimidad y estabilidad. Ya antes de aprobarla, sus partidarios anuncian cambiarla, mientras la otra mitad del país la execra.
Votaré Rechazo, en segundo lugar, por cuanto el texto augura gobiernos ineficientes. La falta de normas sobre sistema electoral y partidos políticos mantendrá la fragmentación y atomización de partidos con representación parlamentaria que existe hoy y que hace muy difícil lograr eficacia legislativa. La dispersión de partidos pequeños incentiva también las conductas oportunistas de sus parlamentarios. El hecho de que la ley pueda ahora tratar cualquier materia y que los parlamentarios tengan iniciativa en todas ellas, incluyendo gastos, tributos y seguridad social, hace muy probable que se repitan las propuestas populistas e inflacionarias que tanto daño hicieron a la democracia bajo la vigencia de la Constitución del 25.
