El académico de número analiza el empeño político de imponer en todos los órganos públicos la integración por mitades de mujeres y hombres en su columna del diario El Mercurio.
En el último tiempo ha ido creciendo una especie de obsesión por imponer en todos los órganos públicos la llamada “paridad de género”, esto es, la integración por mitades de mujeres y hombres. Esto comenzó con las elecciones de los convencionales constituyentes en que se distorsionó el voto para elegir el mismo número de convencionales mujeres y hombres.
Varias abogadas impugnaron la reciente elección del Consejo del Colegio de Abogados ante el Segundo Tribunal Electoral Regional, pidiendo que se aplicaran las reglas de paridad acordadas. El tribunal acogió la reclamación invocando el principio de no regresión, es decir, que una vez que se ha reconocido el derecho a la igualdad de género no puede retrocederse. Esta decisión favoreció que se integrara al Consejo la profesora Tatiana Vargas, que hoy es una de las más destacadas penalistas de la plaza.
En los textos aprobados por el pleno de la Convención abunda la referencia a la paridad o a criterios de paridad y enfoque de género: entidades territoriales, concejos comunales, función jurisdiccional, Sistema Nacional de Justicia. El Consejo de la Justicia, además de ser paritario, en el ejercicio de sus atribuciones debe considerar “la paridad de género”. El mismo pleno hace unos días aprobó una disposición que señala que “Chile es un Estado social y democrático de derecho” cuya “democracia es paritaria”.
El 2º informe de la Comisión de Sistema Político incluye normas como “El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva”. Para el Congreso de las Diputadas y Diputados se establece que “será paritario, asegurando que, al menos, el cincuenta por ciento de su composición sean mujeres y que exista una representación efectiva de identidades trans y no binarias”. No vemos cómo se distinguirán las identidades trans ya que esas personas se autoperciben como mujeres o como varones. Tampoco se sabe qué se hará con las identidades no binarias, es decir, quienes no se sienten ni hombres ni mujeres.
Muchas propuestas de comisiones señalan este criterio para la conformación de órganos como el Servicio de Acceso a la Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Medio Ambiente, el Consejo Superior del Ministerio Público, el Consejo del Banco Central, las cortes Suprema y de Apelaciones, la Corte Constitucional y la Cámara de las Regiones.
Nadie puede oponerse a que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a optar a todos los trabajos y cargos públicos y privados o a que haya cuotas en las candidaturas. Tampoco a que la sociedad cambie culturalmente para que no se las considere únicas responsables del cuidado de los hijos, que los horarios de trabajo sean compatibles con la familia, que se superen las brechas de ingreso y otras discriminaciones machistas.