El académico de número analiza el proyecto ley del Senado para salvar la inscripción de varias candidaturas a diputados rechazadas por el Servel en su columna del diario El Mercurio.
Como si el Congreso no estuviera absolutamente desprestigiado ante la ciudadanía, ahora, de manera exprés, el Senado aprobó un proyecto de ley para salvar la inscripción de varias candidaturas a diputados, entre las cuales la más emblemática es la del actual diputado Ricardo Celis, por lo que la prensa la ha denominado “ley Celis”.
Veinticinco senadores votaron a favor, dos en contra y uno se abstuvo. Con razón el senador Kast habló de que se trataba de un “traje a la medida”, ya que solo salva las candidaturas rechazadas por no haber ingresado una autorización para que el director del Servel abriera cuentas corrientes para depositar los aportes de campaña, y no las de otros excluidas por omisiones tan formales como esa.
Este proyecto es doblemente inconstitucional. Primero, porque ese mismo día, el 6 de octubre, una iniciativa similar no alcanzó el quorum requerido y fue rechazada, de manera que senadores como Elizalde, Girardi, Insulza, Pizarro y Quintana, al ingresar una moción prácticamente igual a la rechazada por la Cámara, contravinieron la exigencia constitucional de esperar un año para que un mismo proyecto sea presentado.
Pero hay algo más grave, ya que estas candidaturas fueron rechazadas por resolución administrativa de un servicio serio como el Servicio Electoral y los candidatos rechazados reclamaron ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Este tribunal, por sentencias caso por caso, desestimó cada una de estas reclamaciones, con el voto de cuatro de sus integrantes, todos ministros de la Corte Suprema, y un único voto en contra de un ex-político (Jaime Gazmuri). En el caso de Ricardo Celis, la sentencia fue recurrida y el recurso fue rechazado unánimemente.