El académico de número analiza la acusación constitucional presentada en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, en su columna del diario El Mercurio.
Es insólito que los diputados pierdan un tiempo que deberían dedicar a estudiar las leyes, en acusaciones constitucionales que no van a prosperar. Sucedió con la acusación presentada por la diputada Jiles y diputados del Partido de la Gente en contra del exministro Andrés Allamand, en que la comisión que se sorteó para analizarla llegó a un informe negativo y se cayó en la votación de la cuestión previa.
Ahora un grupo de diputados del Partido Republicano, encabezados por Cristóbal Urruticoechea, anuncia que presentará una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, contra la opinión de los partidos UDI, RN y Evópoli y de que apenas lleva tres meses en el cargo.
Aun así han gastado un tiempo valioso para preparar un libelo que consta de siete capítulos y más de 150 páginas. Esos capítulos son: el retiro de querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de autores de delitos cometidos durante el “estallido social” y la desarticulación de la división jurídica del Ministerio del Interior; inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al atentado que sufrió la ministra; haber comprometido el honor de la nación al utilizar el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino; entregar informaciones inexactas o incompletas en lo referente a la expulsión masiva de venezolanos, incautación de armas y víctimas civiles en La Araucanía; dejar sin aplicación la Ley de Migración; reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves hechos de violencia en la macrozona sur del país y omisión de presentar querella en contra de Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la resistencia armada.
