El académico de número analiza el proyecto de ley que consagra un indulto para imputados, formalizados o condenados por delitos con motivo del llamado “estallido social” en su columna del diario El Mercurio.
Se ha puesto en tabla para su votación en la Sala del Senado el proyecto de ley presentado por los senadores Latorre y Navarro, y las senadoras Allende, Muñoz y Provoste, que consagra un indulto para imputados, formalizados o condenados por delitos con motivo del llamado “estallido social”. Se trata de hechos ocurridos desde el 7 de octubre de 2019 al 9 de diciembre de 2020, en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas, bastando una prueba indiciaria. El proyecto indica que es suficiente la petición del sujeto en prisión preventiva para que el juez la revoque. Además, excluye de este beneficio a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
Sabemos que el primer pronunciamiento de la Convención Constitucional fue la reclamación de indulto para los llamados “presos de la revuelta”, a lo que se agregó la de los presuntos “presos políticos” mapuches.
No obstante, el proyecto ha sido criticado por despreciar a las víctimas, discriminar según personas al dejar fuera a Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, generar una sensación de impunidad y legitimar delitos graves como homicidios frustrados, incendios y estragos, robos, hurtos y daños. Se incluirían quemas de iglesias y museos, saqueos y destrucción de propiedad pública.
