El académico de número reflexiona sobre el proceso constitucional chileno en una columna del diario El Mercurio.
Las peores dictaduras han aprobado constituciones cargadas de derechos y de expresiones valóricas. Corea del Norte, Nicaragua y Rusia las tienen. Pero son constituciones semánticas, carentes de eficacia normativa (Löwenstein). Nada más lejos del constitucionalismo democrático, una tradición jurídico-política que se sostiene en tres pilares: las libertades personales, incluidas la propiedad y la libertad de expresión; la democracia representativa, a la que subyace un profundo sentido de igualdad (Tocqueville), y el Estado de Derecho, esto es, el sometimiento del poder público a la ley.
Nuestra historia republicana parece ser un río que de cuando en cuando pierde su cauce, a veces con violencia, pero luego lo recupera. Por eso, una vez agotado el big bang ideológico de la pasada Convención, todo indica que el nuevo texto constitucional solo puede anclarse sobre el piso firme de esa tradición que compartimos con las democracias más admirables.
Se requiere una nueva Constitución porque así fue prometido y porque necesitamos un marco común al que nadie tenga buenas razones para negar legitimidad. Pero también esta es una coyuntura única para someter a revisión crítica nuestra institucionalidad fundamental. Ambos objetivos debieran dirigir las discusiones de los partidos democráticos.
