El académico analiza el “informe Cass” publicado en Inglaterra y la política afirmativa del Gobierno chileno en su columna de El Mercurio.
Hace algunas semanas se publicó en Inglaterra el llamado “informe Cass”. Se trata de un estudio encargado por el sistema público de salud a una connotada pediatra —Hilary Cass—, respecto del modo en que estaban siendo tratados niños y adolescentes que deseaban cambiar de sexo. Primaba en ese país un enfoque afirmativo, según el cual no solo hay que aceptar la nueva identidad social del niño, sino que también hay que facilitarle el acceso a bloqueadores de pubertad con efectos de largo plazo. La pregunta subyacente puede resumirse así: ¿en qué medida es legítimo inducir cambios irreversibles en niños o adolescentes que, por definición, no pueden tomarle el peso a la decisión?
La respuesta de Hilary Cass fue contundente. Su informe es demoledor, y lanza graves acusaciones a todos quienes han impulsado esos tratamientos. Según su investigación, la evidencia que los sostiene es escasa y de mala calidad, y, sobre todo, hay una serie de efectos secundarios que aún no conocemos. En cualquier caso, es claro que los bloqueadores de pubertad producen riesgos en el desarrollo neurocognitivo, problemas en los huesos y, en muchas ocasiones, esterilidad definitiva, entre otras dificultades. Dicho en simple, el informe Cass reveló que el tratamiento dominante para los niños en esta situación es una enorme superchería, sin fundamento alguno, y cuyas consecuencias serán pagadas por población vulnerable.
