El académico de número reflexiona acerca de un informe elaborado por un grupo de universidades estatales sobre medios, derecho a la información y libertad de expresión en Chile en una columna del diario El Mercurio.
Un grupo de universidades estatales, a solicitud del Gobierno y financiadas por él, acaba de elaborar un informe sobre los medios, el derecho a la información y la libertad de expresión en Chile.
Son varios los problemas (descontada alguna cacofonía y lo escueto de sus argumentaciones) que ese informe posee.
El más obvio de todos es que las universidades o los académicos no tienen ninguna ventaja epistémica a la hora de decir cómo debe ser organizado el sistema de medios, cuál debe ser la regulación de la libertad de expresión o qué discursos deben ser promovidos y cuáles, en cambio, deben estar entregados a su suerte. Una ventaja epistémica es una condición que le permite a quien la posee alcanzar la verdad o la corrección. Sobra decir que en estas materias la ventaja epistémica no existe. Los miembros de las universidades tienen por supuesto, opiniones e intereses en ese tipo de materias, y debe respetarse el derecho que les asiste a manifestarlos; pero el hecho de que quienes las emiten pertenezcan a una universidad, por prestigiosa que sea, no provee a esas opiniones y puntos de vista de ninguna autoridad para que los ciudadanos o los órganos donde se forma la voluntad popular deban inclinarse ante ellas. A comienzos de siglo, Max Weber llamó profetas de cátedra a quienes se servían de su posición académica para promover o prestar autoridad a opiniones o puntos de vista controversiales, que son propios del debate ciudadano. El problema de este informe es exactamente ese. No manifiesta con claridad antes de hacer constar sus opiniones lo que es obvio: sus límites epistémicos, el hecho de que se trata de puntos de vista controversiales, que podrían haber sido vertidos por cualesquiera grupos de personas. Incurre, pues, en el profetismo de cátedra.
