El académico de número reflexiona sobre el trabajo en la Convención Constitucional en una columna del diario El Mostrador.
La proximidad del fin de año es siempre propicia para los balances, sean estos personales o colectivos.
Un balance no es sino un conjunto de apreciaciones comparativas acerca de algo para prever su evolución y mejorar el curso de esta. Entonces, es perfectamente posible hacer un balance de la Convención Constitucional. Este no podrá ser nunca exhaustivo, aunque sí considerar los principales logros y avizorar lo que cabe hacer en los meses que le restan de trabajo –apenas siete– para llegar a cumplir su cometido. Un balance que incluya autocrítica, por cierto, porque si la complacencia adormece, la crítica y la autocrítica movilizan.
Después de tres meses, la Convención consiguió aprobar sus normas de funcionamiento interno, si bien repartidas en cinco reglamentos, algo que importa porque podría augurar algo negativo para las siete comisiones temáticas que están trabajando ya hace algunas semanas, mas no directamente en normas constitucionales, sino en la necesaria escucha de organizaciones sociales, especialistas, y habitantes comunes y corrientes de nuestro país. No digo que vayamos a tener ahora siete Constituciones, pero sin la debida y constante articulación y no solo coordinación entre las comisiones, esa que no hubo cuando los reglamentos, correremos otra vez el riesgo de la dispersión. Se han tomado medidas para evitar esto último, pero el riesgo de la disgregación, y aun de la apropiación de los temas en estudio por cada comisión, está siempre presente. En esto la mesa tendrá que tomar fuerte el timón, así como las coordinaciones de las distintas comisiones, para llevar adelante una gestión eficaz que reduzca ese riesgo. De articular se trata ahora, no solo de coordinar. Cada comisión tiene coordinadores, pero estos han de articularse unos con otros.
Nuestro cronograma incluye salidas territoriales de la Convención en pleno, de sus comisiones temáticas, y de los propios constituyentes, en este último caso una semana cada mes, algo que deberíamos revisar con un sentido de mayor realismo. Esas actividades, valiosas en términos de participación, tomarán un tiempo apreciable que afectará el trabajo de discusión y aprobación de normas constitucionales. Si a causa de ellas retrasamos o no cumpliéramos con nuestro cometido, la ciudadanía no aceptará la explicación de que calculamos mal el tiempo que debíamos estar en terreno. Por lo demás, ¿no venimos prestando oídos a la base social del país desde nuestras campañas como constituyentes, a las que se suman las audiencias públicas que estamos teniendo y las tres semanas territoriales que completaremos este mes? Continuar con semanas territoriales a partir de enero restaría nada menos que 6 semanas al trabajo de presentación, discusión y aprobación de normas constitucionales, ya abierto también para recibir iniciativas populares de normas.
