Columna del escritor y analista político publicada en el medio digital Ex-Ante.
Los graves acontecimientos de Ecuador, que han llevado al gobierno de ese país a declarar el estado de “conflicto armado interno” y a aceptar la ayuda militar de EE.UU., deben ser considerados como una advertencia definitiva para nuestro país respecto no solo de lo que puede ocurrir si las cárceles son capturadas por los delincuentes, sino de la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado y provocar la degradación institucional.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que la realidad de Chile no es la misma que la de Ecuador, pues “tenemos control de lo que pasa en las cárceles”. Por su lado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró a una radio que “nosotros estamos muy distantes de lo que ha estado sucediendo ahí en términos de régimen institucional”. Dijo que Ecuador ha abordado sus crisis de seguridad “rigidizando el código penal, sin preocuparse de las condiciones carcelarias”. La sobrepoblación, apuntó, favorece el reclutamiento del crimen organizado. Y sobre las cárceles chilenas, fue enfático: “Yo, lo primero que descartaría, es una hipótesis de riesgo”.
Sería mejor que el ministro Cordero no descarte nada. Es obvio que cada país tiene una realidad específica, pero el gobierno necesita examinar sin autocomplacencia nuestra propia situación. La cuestión carcelaria es solo una parte de un problema mayor, que es la expansión del crimen organizado por encima de las fronteras. A la luz del inquietante avance de la criminalidad en Chile, ninguna hipótesis de riesgo debe descartarse.
