Columna del escritor y analista político publicada en el diario El Mercurio.
Las negociaciones de los partidos oficialistas y opositores que, a instancias del Gobierno, partieron inmediatamente después del triunfo del Rechazo en el plebiscito consiguieron enredar más las cosas en materia constitucional. Lo que al principio pareció un paso positivo para acercar posiciones que favorecieran un acuerdo, se convirtió en un galimatías, determinado en buena medida por los cálculos partidistas acerca de qué tipo de convención conviene más, o qué sistema electoral es más beneficioso, todo ello como parte del intrincado diseño de una segunda convención.
Es curioso, pero los negociadores han operado como si tuvieran amplio espacio para experimentar, como si el país resistiera cualquier cosa. En todo caso, ha habido también juego de apariencias. Los partidos oficialistas han tratado de disimular su temor a una nueva elección de convencionales, y han buscado ganar tiempo, a la espera de que se produzca un impasse, lo que permitiría culpar a los opositores por el fracaso de las conversaciones.
Es hora de poner término a las confusiones respecto de la Constitución, consecuencia de los malentendidos que partieron hace tres años, en medio de la revuelta. La suma de miedos, cegueras y cálculos de ocasión generó entonces un proceso que merece quedar registrado como uno de esos momentos en los que los líderes políticos desatan fuerzas que luego no pueden controlar. Lo ocurrido significó, literalmente, abrir la caja de Pandora. Los negociadores de 2019 ni siquiera revisaron la Constitución que proponían reemplazar. Priorizaron el artilugio simbólico del cambio antes que la defensa del Estado de Derecho. Y hasta olvidaron el antiguo principio que recomienda no cambiar lo que funciona. Las consecuencias hablan por sí mismas.
