Columna del exministro Secretario General de la Presidencia en el medio digital El Líbero.
Nos acercamos al momento de tomar una decisión respecto de la nueva propuesta constitucional, visto que la mayor parte del texto ya se encuentra definido. Pocas materias -y no muy relevantes probablemente irán a Comisión Mixta. Tendremos, entonces, que pronunciarnos con nuestro voto en el plebiscito del 17 de diciembre próximo.
Partamos por reconocer que para las personas que se reconocen como progresistas no se tratará de una decisión fácil: tendremos que escoger si preferimos la Constitución actual o la elaborada por el Consejo Constitucional y la Comisión Experta. No se trata de una disyuntiva académica, sino de una disyuntiva cargada de consecuencias políticas de corto y mediano plazo.
El mundo progresista tiene que optar entre dos textos que no le satisfacen buscando el mal menor. Ello se deriva a la falta de respaldo obtenido en la elección de los consejeros y a la forma en que se comportó la mayoría en la Convención Constitucional que luego provocó un amplio rechazo de la ciudadanía. La situación es paradojal porque fue justamente el sector progresista el que ha impulsado los cambios constitucionales desde el plebiscito del No de 1988, impulso que se acentuó propiciando una nueva Constitución y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, lo que se hizo posible luego de las manifestaciones populares de octubre del 2019.
