Entrevista al académico de número Don Enrique Silva Cimma

Reconocido por su indiscutida autoridad en materias de administración del Estado. Un hombre con gran experiencia técnica y calidez humana, promovió el diálogo en la vida política, el respeto a los derechos humanos. Se incorporó a la Academia en agosto de 1968. Entregó a ella toda su sabiduría de profesor universitario, desde 1949, como del destacado hombre público que ocupó varios cargos al servicio de las instituciones del Estado.

Publicada en Revista Societas Nº 13, 2011

Todos reconocen su indiscutida autoridad en materias de administración del Estado.

Pero no es sólo un hombre con competencia técnica y experiencia, sino también posee una profunda calidad humana que le ha llevado a promover el diálogo en la vida política, el respeto a los derechos humanos, a la disidencia política, la probidad de las personas e instituciones y todos aquellos valores que se cimientan en un recto juicio moral.

Fue un hombre fundamental en el momento de la transición al régimen democrático por su capacidad para articular acuerdos. Esta capacidad de diálogo y de lograr acuerdos, sin embargo, no ha sido un obstáculo sino un estímulo para su claridad de juicio, para la valentía con que expresa sus convicciones y las mantiene y, por sobre todo, para vivir en forma coherente con ellas. De todo ello, esta entrevista es un vivo testimonio.

Usted escribió un libro con sus memorias

Sí. Comienzo relatando el siguiente episodio. Se discutía en 1973 la reforma propuesta por los Senadores Hamilton y Fuentealba relativa a las áreas de la economía. Allende no la quiso aceptar. Creo que se equivocó. Entonces los Senadores dijeron que si esta reforma no se promulgaba, iban a desconocer las bases fundamentales del gobierno. Allende dijo que recurriría al Tribunal Constitucional, del cual yo era entonces su Presidente. Los Senadores de la derecha se manifestaron en contra diciendo que el Tribunal Constitucional era un organismo totalmente politizado. Ahí, la verdad, es que se desconoció la vigencia constitucional del Tribunal afirmando que actuaba políticamente, que estaba totalmente politizado, tanto así que tenía una mayoría política consagrada de tres votos, formada por mí, por Schaulsson y Veloso que eran socialistas. Entonces, se armó una gran discusión. Pensé ¡qué error más grande! Se han metido en un problema constitucional que va significar el caos en el país. Pero Allende estaba obcecado.

El día anterior había una reunión recordando el día de Bulgaria y yo había asistido hacía poco a Bulgaria, invitado a una reunión de Presidentes y Organismos Constitucionales. Entonces, me pidieron que hiciera un planteamiento sobre el debate. Me negué porque no podía pronunciarme hasta que llegara oficialmente un requerimiento al Tribunal Constitucional. En esa reunión había muchos dirigentes de izquierda y se me acercó Corvalán que era el jefe del Partido Comunista. Me dijo: “Mire, don Enrique, esto se produce inexorablemente. Mañana se va a producir un golpe de Estado con los antecedentes que nosotros tenemos. ¿Por qué no habla con Allende y convénzalo de que el Tribunal vea el asunto?” Me insistió tanto, que iba pasando por ahí el Ministro de Justicia, Sergio Insunza, y le pidieron el teléfono de la casa de Allende. Lo llamé en la noche y me dijeron: “Ahora va a comer pero le va a devolver el llamado”. Efectivamente me llamó como a las 11 de la noche del día 10 de septiembre. Le digo, “mire, Salvador, pasa esto y creo que es fundamental que el Tribunal vea el asunto”. Me dice “no estoy en condiciones de decirle sí o no ahora, ¿por qué no hacemos una cosa?, ¿por qué no almorzamos juntos mañana 11?”. Él no tenía ningún antecedente. Insistí en que era fundamental esta reunión y me dijo: “Le garantizo que vamos a estar solos. Vaya a las 2 de la tarde a almorzar conmigo a la Moneda porque tengo que ir primero a la Universidad de Santiago”. Al día siguiente a las 2 se pegó un tiro, pero es evidente que la noche anterior no sabía nada de lo que sobrevenía.

¿Usted debe haber sido uno de los últimos que habló con él?

Fui uno de los últimos que habló con él y me dijo: “No estoy en condiciones de decir si esto se promulga o no, o si se somete al Tribunal o no, pero yo le prometo que mañana lo decidimos”. No sabía a las 11:30 de la noche que habría un golpe al otro día.

Después de este episodio, de acuerdo con la petición de ustedes, comienzo con el relato de mi vida, desde que aprendí a leer en Pisagua, porque mi padre el año 1921 fue nombrado Gobernador de Pisagua. Yo había nacido en 1918. Antes que mi padre fuera Gobernador de Pisagua, era Tesorero Comunal de Iquique. Era un cargo políticamente muy importante. El era el jefe de la Alianza Liberal en Iquique y ocupaba ese cargo por elección popular, siendo Presidente Arturo Alessandri.

Nací en ese sector del norte que era inconmensurablemente político. Recuerden que ahí mataron al Prefecto Delgado y se imputó que quien lo había matado era Alessandri, lo que no llegó nunca a precisarse. En aquella época mi padre me dijo: “En verdad se discutió mucho –porque él formaba parte de ese equipo directivo– y nos quedó siempre la duda de si fue él”.

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Fotografía de 1942 junto a su novia, Elena Marfan Cheyre, quien luego sería su esposa.

¿Por qué le decían el León de Tarapacá?

Porque se presentó a la elección de Senador por Tarapacá y Antofagasta y en esa elección le denominaron el León de Tarapacá porque tuvo una fuerza enorme en el electorado de los trabajadores. Alessandri representaba a la organización liberal–radical y mi padre fue el jefe de esa alianza en la provincia. Me decía que Alessandri era un político audaz, pero terrible. Les quedó siempre la duda, como le dije, acerca de quién le había pegado un tiro a Delgado.

¿Se hizo una investigación formal?

Se hizo, pero nunca llegó a una conclusión.

¿Entonces a usted le tocó vivir el boom de la riqueza salitrera?

Me tocó el problema del boom de las salitreras, especialmente, de la cosa política de esa región que era muy agitada. Ahí surgió después Recabarren y nació todo el movimiento obrero y comunista. Escuché hablar mucho de esto a mi mamá. La vida política era muy agitada. La alianza liberal, era la oposición de la derecha, heredera del conflicto que hubo entre los pipiolos y los pelucones.

¿Eso venía desde la revolución del 91?

Sí, desde la revolución del 91 y antes tal vez, porque no nos olvidemos que la batalla de Lircay de 1831, en la época de Prieto, fue la revolución que hizo triunfar al “peluconismo” de los conservadores que dio lugar a la Constitución de 1833. Ahí se dio el nacimiento del peluconismo. Portales murió políticamente porque lo mataron en 1837 cuando ya se había iniciado la guerra de la Confederación Perú-Boliviana contra Chile.

Bulnes llega a Perú y ahí se genera el odio Peruano-Chileno como consecuencia de que Bulnes ocupa Lima, por segunda vez. La primera había sido durante la famosa revolución libertadora que inició Cochrane, donde también ocuparon Lima. La ocupación por las tropas de Bulnes generó muchos problemas porque no fue una ocupación tranquila. Hay libros de esa época, como por ejemplo, el libro “Cuentos militares” que ilustran en una relación impresionante lo que fue la segunda ocupación de Lima, en que hubo violaciones a las aristócratas. Se narra una historia de un tipo que estaba metido en una casa aristócrata cuando llegaron tropas peruanas. El chileno le estaba pegando al dueño e intentando violar a la mujer. Entonces entra un general peruano que lo tiene amenazado para matarlo y le pregunta: “¿Tú conocías al dueño de casa?” y le dice: “Sí, mi general. Anoche comimos juntos” y ahí lo pescaron. La segunda ocupación bélica del Perú es tremenda y ahí nace el gesto de la reacción de la aristocracia peruana contra las fuerzas chilenas.

Fíjense que es curioso. A mí me tocó verlo en una época muy distinta, cuando fui Canciller. No me olvido de que estábamos firmando con mucha solemnidad la modificación del Tratado del 29 que era el tratado que establecía el ingreso autónomo y libre de tropas y barcos por Arica para llegar a Perú y a Bolivia. Entonces estábamos firmando ese acuerdo en una reunión muy solemne que había hecho Fujimori en el Palacio de Gobierno. Estaba todo el cuerpo diplomático, parlamentarios. Era una reunión a la que le habían dado mucha importancia. ¿Se acuerdan del “Chinchorro” que está en el centro de Arica? Los peruanos me propusieron que iban a terminar con la concesión que tenían del “Chinchorro” pensando que se iba a culminar con lo que decía el tratado anterior en una firma de todos los documentos con los representantes de ambas regiones. Ellos habían pensado originalmente que iba a haber un plebiscito. Cuando empezó a fracasar esa idea por los acuerdos alcanzados, ellos deciden obsequiarlo a Chile para que se constituyera en el centro de Arica un gran monumento recordatorio por la paz, junto con el monumento que se construiría en el Morro. El monumento se construyó, finalmente, porque esa parte del Tratado del 29 que nosotros modificamos quedó subsistiendo a pesar de que, en definitiva, no firmaron, puesto que aunque se había firmado ante representantes de la Cancillería de ambos gobiernos, Fujimori se levantó contra el régimen constitucional y retiró el compromiso que ya estaba firmado por Chile y ratificado por el Congreso chileno. Fujimori dijo que no había acuerdo en el Congreso de su país.

Sería interesante que nos comentara aspectos significativos de su vida, sus inicios en el servicio público, en la Contraloría.

La Contraloría tuvo un gran impacto en mi vida. En esa época, había mucha vocación por el servicio público.

La Contraloría se crea en 1927 reemplazando al Tribunal de Cuentas y al Departamento de Contabilidad que se fusionaron sobre la sugerencia hecha por la Misión Kemmerer, misión norteamericana que emitió un informe sobre la estructura de distintos países: Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En el caso chileno les llamó la atención de que Chile estaba muy avanzado porque desde O’Higgins había nacido una Dirección de Contabilidad. El General Prieto con las sugerencias de Portales había creado la Oficina Nacional de Control y Fiscalización. Chile tuvo una oficina anterior a la Contraloría el año 1813 o 1814 y después cuando O’Higgins asume como Director Supremo en el año 1819 ya tenía un precedente.

Había un grupo de abogados muy notables cuando llegué a la Contraloría en el año 1939. Llegué en un período curioso, porque don Pedro Aguirre Cerda asume en 1938. Entonces, estábamos muy imbuidos del estudio sobre la reorganización financiera realizado por la misión Kemmerer que tenía una cosa curiosa, porque en EE.UU. no había una Contraloría General, sino una especie de Oficina General de Contabilidad (General Accounting Office). Esta misión nos infunde la idea de autonomía que, hasta ese momento, no estaba en ninguna ley chilena, pero sí figuraba el Tribunal de Cuentas que había sido materializado por don Valentín Letelier. No existía la concepción de la autonomía ni del control previo. El control previo nace de la estructura que crea el General Prieto y ahí empieza a concebirse la idea de que esta entidad realice todas estas fiscalizaciones con autonomía, con independencia total. Y se practica esto con el Ejecutivo.

A Agustín Vigorena, que fue mi profesor en la universidad, lo juzgaron constitucionalmente como Contralor por notable abandono de deberes y lo destituyeron. En la Contraloría nos formamos la convicción de que la acusación tenía mucho de política, pero en donde también hubo antecedentes que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, había un ítem famoso que se llamaba eje 42 que era un ítem de gastos públicos que el Contralor podía disponer directamente sin limitación de ninguna especie. Era lo que le permitía a la Contraloría hacer su gestión con la más absoluta autonomía, sin tener la necesidad de estar consiguiendo financiamiento por falta de recursos.

Entonces, la Comisión de la Cámara para controlar los gastos y para controlar la situación de que Vigorena había cursado muchos decretos ilegales, cuando la Contraloría tenía que hacer el control previo de legalidad –antes esta atribución estaba en el Tribunal Constitucional–, nosotros teníamos una convicción y era que verdaderamente en el ejercicio del control había una cosa que había que respetar que era la autonomía. A nosotros nos infundieron eso.

La autonomía es muy importante para el control de legalidad. Cuando se enfrentaron los acusadores a Vigorena decían que había tenido mucha libertad para tomar o no razón de los decretos. Empiezan a perseguir a Vigorena por eso. La verdad es que se hablaba bastante pero no se hablaba mucho de que los decretos que había cursado eran francamente arbitrarios. Nosotros adquirimos la convicción de que la acusación tenía motivos más políticos que jurídicos al postular la tesis de que Vigorena había cursado muchos decretos. Se plantearon problemas, como, por ejemplo, la forma con que se representaba la inconstitucionalidad. Aparecía cierta arbitrariedad y que se estaba liberalizando mucho la forma en que Vigorena había actuado.

Dentro de la comisión que se había formado en el Congreso estaba Francisco Bulnes –un amigo mío– y Víctor Santa Cruz Serrano un diputado liberal. Ellos formaron la Comisión y empezaron a revisar los gastos públicos. Concluyeron que Vigorena había abusado de los gastos públicos en su propio beneficioso, creando el gasto de representación. La verdad es que no parecía extraño que una persona con el cargo de él tuviera un gasto de representación, pero, naturalmente, había que discriminar sobre la independencia de su uso.

Yo me casé en el año 1943. Apareció un canastillo de flores que me había regalado Vigorena, con cargo a sus gastos de representación y los investigadores pusieron en la acusación constitucional los gastos que Vigorena utilizaba en esas cosas. Pero de repente se encontraron con que había funcionarios especiales. Le piden a Vigorena que explique qué era esta figura de funcionarios especiales. Figuraban nombres inexistentes, que eran dos inspectores que según Vigorena los tenía destinados a análisis privados de gastos que debía fiscalizar y que, naturalmente, no podía dar a conocer los nombres de esas personas. Ahí comenzó a surgirnos la duda, porque está bien que tenga dos funcionarios, pero en una acusación constitucional el Contralor ¿no va a decir quiénes fueron esos funcionarios especiales que, por lo demás, nosotros no los conocimos? Yo era uno de los abogados tributarios de Vigorena y nos quedaron algunos puntos que nos hicieron dudar.

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Ministro de Relaciones Exteriores en misión especial.

¿Cómo vivió sus años como Contralor?

A mí me nombraron por concurso. Entré a la Contraloría el año 39 y me eligieron Contralor el año 58. Llegué como dactilógrafo al Departamento Jurídico. Mis colegas llegaban con los dictámenes en borrador y yo los transcribía a máquina. Los abogados eran muy distinguidos como Eugenio Valdivieso, Mario Larraechea, Augusto Montané Urrejola. Fui aprendiendo mucho, formando mi carrera. En 1943 estaba haciendo mi memoria para recibirme de abogado sobre la Contraloría y acababa de salir en noviembre de ese año la ley de reforma constitucional que transformó a la Contraloría en una oficina constitucional. Todo se debió a la misión Kemmerer del año 27. El año 1943 se dieron cuenta de que estaban en presencia de una doble irregularidad. Por un lado, las normas administrativas culminaban en lo que se denominó el decreto de insistencia, es decir, si el Contralor rechazaba un decreto por ilegal y el Ejecutivo pensaba que tenía la razón y no el Contralor, el Ejecutivo podía insistir en ese decreto con la firma de todos sus Ministros, y el Contralor estaba en la obligación de comu-nicarle al Congreso que el Ejecutivo había dictado un decreto de insistencia. Antes de esa reforma se estaban cursando muchos. A partir de la nueva ley, la Contraloría comenzó a considerarse un organismo autónomo.

¿Cómo se produce la intervención suya?

Yo estaba haciendo mi memoria sobre la Contraloría, sus dictámenes jurídicos y la costumbre del Ejecutivo de abusar de los decretos de insistencia. Encontraron que la memoria era muy importante. En la facultad la aprobaron con distinción máxima y recomendaron a la Contraloría que dieran a conocer esto y que pudiera publicarse.

La ley que creó a la Contraloría como organismo autónomo dio a entender que los decretos relativos a gastos públicos no tenían insistencia, que en esta materia prevalecía la opinión de Contraloría y hay una norma que lo dice actualmente en la Constitución. Me fui desarrollando en este ambiente y me fui encontrando con un segundo aspecto relevante que eran los dictámenes. En el artículo 10 de la ley se dis-pone que la Contraloría podrá y deberá dictaminar cada vez que sea consultada sobre materias que son de su competencia por un jefe de servicio o por un funcionario y que Contraloría deberá evacuar el dictamen y, agrega la ley actual, que será obligatorio para el jefe o funcionario que lo solicita. En virtud de esto, la Contraloría dice que sus conclusiones obligan y así se aplicó hasta el año 1999 sin vacilaciones. Fíjense que si la ley dice eso, ¿puede un organismo extender la validez de sus dictámenes más allá de lo que dice la ley?

Recuerden que el Código Civil establece que sólo toca al legislador interpretar la ley de modo generalmente obligatorio. Respecto a los tribunales, la sentencia regirá entre las partes. ¿Puede la Corte Suprema decir que un dictamen es aplicable a todas las Municipalidades, por ejemplo? En el año 1999 la Contraloría señala que el dictamen que se dicte será obligatorio para todos los que se encuentren en la misma situación. Esto me pareció –desde que tomara conciencia de ello– una monstruosidad que es consecuencia de que la Contraloría en el año 1999 cambió su jurisprudencia y le dio carácter absoluto a sus dictámenes.

Cuando era Contralor me encontré con que tenía que tomar razón de los decretos supremos y rechazarlos si eran inconstitucionales o ilegales, dictaminar sobre las materias que eran consultadas, analizar la rendición de cuentas, etc. Al día tenía que tomar razón de unos 3.500 decretos supremos, decretos simples y resoluciones de jefes de servicio. Planteé a don Jorge Alessandri que tenía este problema. “¿Qué hacían sus antecesores? me preguntó”. “Despachar no más, le respondí”. Luego me preguntó cómo podía cambiarse esta situación y le respondí que sólo era posible en virtud de una ley. “¿Qué propondría usted?”, me preguntó. Le contesté que se facultará al Contralor para que, revisando las materias de los decretos, haga una distinción y que haya decretos que estén exentos y que estén sujetos a otros procedimientos de control. Me dijo “mucho cuidado, Enrique, porque ahí se va encontrar usted con que si hace esa selección le van a cargar la mano. La idea me parece bien, pero siempre y cuando usted ponga ejemplos de decretos exentos, porque, o si no, en el Congreso se lo van a burlar”.

Redacté la ley y él la revisó. La redacte así: “El Contralor podrá declarar decretos exentos a aquellos que constituyan materias no esenciales como licencias, feriados, permisos u otros de la misma índole” –frase de Alessandri–. Así salió y así comencé a aplicar la ley siendo Contralor. Pero no fue la dictadura la que modificó esto, sino que fue obra del Contralor de la época Héctor Humeres, durante el Gobierno de Frei Montalva. No se cambió la ley, pero cambió la aplicación de la ley. En vez de decir que el Contralor podrá declarar decretos exentos, él dijo que declara cuáles son los decretos sometidos a la toma de razón, pero se omiten los reglamentos y otras materias de importancia. Esta disposición empieza a aplicarla dicho Contralor y empiezan a aparecer decretos con materias enormemente graves que sencillamente no tienen control, porque no figuran en la nómina que estableció el Contralor. Todos los gobiernos, desde Frei Montalva hacia adelante, quedaron felices porque quedaron menos decretos sometidos a control y se creó la categoría de “decretos exentos”. Si pidieran la nómina de decretos exentos se van encontrar con una sorpresa del porte de la catedral. Hay decretos exentos del Ministerio de Obras Públicas que otorgan concesiones. ¿Imaginan los millones involucrados? Todo esto es inimaginable.

Hice un estudio cuando estaba en el Senado, ¿cuántos decretos exentos se han cursado en Chile desde el 73 hasta ahora? La respuesta es 49.000 decretos. Para que se formen una idea, ¿saben de dónde salió el tema de la píldora del día después? De un decreto exento que dice más o menos: “Apruébense las líneas y las normas nacionales sobre vigencia de la natalidad”. Ni siquiera es un decreto exento, sino una resolución exenta de la Ministra de Salud. Se aprobaron como 200 normas sobre control de la natalidad y sobre la forma de cómo abordar la natalidad, por medio de una resolución exenta.

Veo esto y me tomo la cabeza y digo ¡por la madre patria! Entonces me pongo a hurguetear y haciendo memoria, por el año 75 en Chile, enviaron a un señor, que era representante de Naciones Unidas, para que revisara la forma en que actuaba Pinochet, cómo aplicaba las normas de derechos humanos. Hace su estudio y cuando estaba por irse me busca y me dice: “Profesor, usted es una distinguida personalidad en esta materia y fue Contralor. Hay normas que están siendo efectuadas por decreto exento debiendo ser legales o reglamentarias”. Y entonces me cuenta que se ha reunido con la Corte Suprema y la Contraloría y ha quedado desolado, porque nunca había visto a dos entidades de gran magnitud que estuvieran enfrentando a un gobierno con tal desidia. Me cuenta que en la Contraloría habló con el Contralor y con el Subcontralor y me dice que ellos están muy desolados, porque no pueden aplicar ningún control. La Contraloría tiene que rendir en regímenes democráticos y en totalitarios es muy difícil que se los respete. Entonces me pude percatar de la situación y me di cuenta de que esto es una brutalidad terrible.

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Enrique Silva Cimma con don Clotario Blest y don Hernol Flores.

Cuando fue Senador ¿pudo hacer ver esta situación?

Cuando fui Senador lo hice ver y antes de ser Senador también. Mire, en dos palabras, la desidia y la frivolidad más impresionantes. Los gobiernos se han sometido a la forma del decreto exento sobre las materias de la más enorme gravedad. Están convencidos que es más cómodo, pero es una burla a la norma. Al final, durante el régimen de Michelle Bachelet, después que me cansé de que no me dieran bola, después que me dijeran que todos los dictámenes de la Contraloría son obligatorios, que pasen a llevar la norma que dice que sólo al legislador le toca interpretar una norma y que se pasan a llevar otras normas, tengo la convicción que el control de legalidad previo en Chile no existe. ¿Cómo va a existir si hay 49.000 decretos exentos?

Afirmo categóricamente que si me preguntaran si existe el Estado de Derecho en Chile, les diría que en estas condiciones no puedo aceptar la existencia del Estado de Derecho, porque, ¿cómo se puede imaginar la existencia del Estado de Derecho cuando ha habido 49.000 decretos cursados sin control?

Al final del gobierno de Michelle Bachelet, que fue un régimen bastante ade-cuado, resultaba grato emitirle opiniones. Reconocía el Estado social y democrático de derechos que yo no tuve éxito de que se reconociera constitucionalmente, porque cuando presenté la indicación en el Senado la rechazaron, no sólo los de derecha sino que dos Senadores de la Concertación se retiraron de la sala cuando yo estaba defendiendo esta idea: Boeninger y Foxley ¡Economistas!

Recuerdo que Insulza estuvo interesado en que se nombrara Contralor a Ángel Flisfisch cuando se fue Arturo Aylwin. Pero yo dije que de control no sabía nada y Lagos quedó muy enojado conmigo. Me dijo: “Estoy de acuerdo de que te puedas oponer al nombramiento del subcontralor porque es pro UDI”. Le respondí: “Hay en Contraloría 10 jefes que saben mucho y ¿vas a meter a alguien de afuera que no tiene idea? Me dijo: “¿A quién voy a nombrar?”. Le dije que nombrara a cualquiera y nombró a uno que no le resultó para nada.

Le planteé el problema al actual Contralor Ramiro Mendoza –que es bien inteligente– y no prosperó. Llegó a fin de año y le dije: “¿No vas hacer nada?”. Me respondió: “Comprende que para mí es muy difícil”. Le dije que no es difícil y que tomara las cosas como son. En verdad, la acción corresponde más bien al Ejecutivo y hasta aquí desde Frei Montalva hasta el presente todos se han corrido.

No puedo comprender que haya universidades de la magnitud de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile que miren esto y se laven las manos. ¿Cómo es posible que haya 49.000 decretos que están cursándose como si fueran legales y que se saltaron el control previo de legalidad? ¿Cómo es posible que estén aprobando de este modo reglamentos o concesiones? Es gravísimo y deja la puerta abierta a todo. Por lo demás las universidades también han resultado favorecidas.

El Código dice: “Sólo toca al legislador interpretar la ley de modo universalmente obligatorio” y la Contraloría por un dictamen dice que todos sus dictámenes son obligatorios y se transformó en legislador. Cuando uno ve esto llega a la conclusión de que nos vanagloriamos mucho con el Estado de Derecho y en la realidad no existe.

Por ejemplo, en la época de Frei Ruiz-Tagle se creó la comisión negociadora llamada “Mesa de diálogo” que asumió las conclusiones a que llegó el señor Pérez Yoma como Ministro de Defensa. Yo era Presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado donde había Senadores de todos los partidos. Se empezó a estudiar este problema de la violación de los DD.HH., de qué se hacía con esto, de si realmente se llegaba o no a la conclusión sobre la legalidad de lo obrado. Empiezan a llegar cosas impresionantes que las veía yo como Presidente de la Comisión.

Había un Senador que tenía tanto coraje para actuar y que lo pillaron que estaba incurriendo en otra cosa grave, pero de menor proyección frente a lo otro, me refiero a Jorge Lavandero que no sé cómo y por qué tuvo la virtud de meterse en las concesiones del cobre. También empezó a meterse con el tema de los detenidos desaparecidos y me dice: “Mire, Enrique, aquí va tener que actuar y meterse de cabeza con esto”. Había descubierto el caso de unos detenidos desaparecidos, 128 cadáveres que habían arrojado al mar.

¿Dónde consiguió esos datos?

Los consiguió en el ejército, con estos organismos que eran semi-Dina, semioficiales. Entonces cuando empiezo a leer esto dije: “¡Esto es la cosa más brutal y aquí la vamos a ver a fondo!”. La Comisión se dio cuenta por completo que la autenticidad de estos datos era indiscutible y que la realidad de las informaciones que habían llegado era tan grave que no quedaba más que realizar la denuncia, porque los informantes estaban dispuestos a reconocer la validez de la información.

Entonces, dije: “¿Qué hacemos?” y empieza a debatirse. Viera-Gallo sugirió que la Comisión se juntase con Pérez Yoma y con Mario Fernández. Nos juntamos en mi casa con Pérez Yoma. Le digo: “Nos hemos tomado la libertad, porque la comisión ha llegado a un conocimiento pleno de hechos de mucha importancia y nosotros queremos que nos escuche y según eso resolvamos qué debe hacerse”. Se impresionó Pérez Yoma y nos dice: “¿Cómo hacemos para que me transforme en una especie de colaborador de esta comisión y usted me entregue toda esta información?”. Era el Ministro de Defensa. Se debatió si se le podía entregar toda la documentación y yo dije: “Claro que lo puedo hacer”. Fui al Ministerio y le entregué la información a Pérez Yoma y a Fernández, que era el Subsecretario.

No pasan dos días antes de que Pérez Yoma aparezca atribuyéndose públicamente la autoría, olvidándose por entero de la Comisión de DD.HH. del Senado. Había dos o tres Senadores que querían hacer una denuncia pública. Les dije que fuera del escándalo poco iba a significar, que lo mejor era pedirle a Pérez Yoma que diera una explicación. Me dijeron: ¡No! En el fondo, le robaron al Senado toda la información oficial y no fueron nunca capaces de decir que quienes habían sido los auténticos depositarios de esas noticias las entregaron.

Esto lo vi todo el tiempo, en todas las instituciones. Uno se formaba una idea muy pobre de las formas de actuar de las personas. Cuando uno ve la Academia creo difícil que se puedan contar cosas así.

Creo que es bien interesante que usted cuente sobre las concesiones del cobre.

Yo veía lo que estaba pasando en las Comisiones y me empecé a meter en las concesiones. ¡Qué vergüenza más grande! Y acaba de salir una revista donde aparece un artículo de Lagos y me da rabia leer ese artículo, porque aparece diciendo que es un orgullo todo lo que se ha hecho por la Nacionalización del cobre y resulta que cuando Francisco Bulnes aprueba la Nacionalización en términos que fueron realmente elogiosos para todo Chile, el 100% del cobre pasó a manos de Chile por unanimidad. Pero después aparece la Constitución del 80 y todas las normas sobre las concesiones mineras, especialmente, las del cobre. ¿Cuánto de ese cobre está en manos de Chile? Esto es una de las monstruosidades más grandes y les voy a dar a conocer datos que ustedes a lo mejor no los conocen.

Yo estaba trabajando sobre esta materia y al fiscal de Codelco de entonces, que era Waldo Fortín, el dignísimo colega –que me quiere mucho porque era alumno y ayudante mío, como también su mujer– le pregunto: “¿Qué pasó con la Nacionalización del Cobre?”. Y me dice: “Mire, Enrique, le voy a decir la verdad, el cobre no existe para Chile. De acuerdo a las normas de la Constitución del 80, Chile puede transferir su cobre en el usufructo de las minas a todas las empresas que quiera, chilenas o extranjeras, y en este momento ¿sabe usted cuál es el porcentaje del cobre que está en poder de Codelco? Le voy a dar una cifra: del 100% del cobre que obtuvimos con la nacionalización total, actualmente nosotros tenemos el 32% y está en poder de empresas privadas el 63%, hay empresas grandes chilenas, pero su participación es mínima”. Me agrega que la cifra que me va a dar la puedo citar con la más amplia certeza, aunque seguramente la van a desconocer. Actualmente la mayoría del cobre está en manos privadas y de ese porcentaje la mayoría está en manos extranjeras. Usted sabe que de acuerdo a la LOC del Cobre Codelco debe entregar su utilidad al Estado de Chile. En los años 2008 y 2009 Codelco entregó 33.000 millones de dólares. Los dos tercios restantes empresas privadas entregaron 17.000 millones. Si quieren que lo diga en una reunión pública, me atrevo porque, ¿qué pierdo con decir esto si es la verdad?

Dije lo siguiente en un seminario: ¿Saben cuál es el origen de la Constitución del 80? Tiene su origen en la Constitución Francesa del régimen de Vichy de 1941 que tiene su base en las llamadas Actas Constitucionales de Vichy. De ahí las tomó Brasil y las reprodujo Uruguay, Argentina y Chile que aprobó las Actas Constitucionales en el 73 que se publicaron como el 76 y fueron propuestas por Jaime Guzmán. En estas actas sale por primera vez el reconocimiento del Estado subsidiario. Aunque el principio de subsidiariedad auténtico nace del Vaticano y es bastante diferente.
A mí me parece grave lo que ha pasado con el cobre y habría que denunciarlo porque, en el fondo, se trata de un bien público. ¿Cómo se robaron el cobre chileno de nuevo?

Recuerden que en el año 83 nosotros hicimos un acto en el Parque O’Higgins que fue el más grande que se hizo en contra de Pinochet. Esto no nació del Partido Radical, sino que de la Democracia Cristiana que la dirigía Gabriel Valdés. Me dijo: “Enrique, estamos creando una alianza de manera de reunir a los partidos democráticos para que luchemos juntos y creo que el Partido Radical debiera estar. ¿Quién es el presidente del Partido Radical? ¿Por qué no hablas con él?”. Hablo con Olaf Liendo, que era un abogado, y le digo: “Quiero hablar contigo de cómo actuar en contra de la dictadura porque estamos tratando de crear una alianza democrática”. Me respondió: “Esa no es la onda nuestra”. Y al preguntarle cuál era su onda, me respondió que ellos tenían una alianza con el Partido Humanista y con el socialista, así que no se meterían en la alianza democrática. Quedé perplejo.

Yo estaba en Venezuela en los años 80 y se juntaron allá un grupo de ex Presidentes democráticos, en donde, estaba Frei Montalva. Al término de la exposición se me acercó y me dice: “Tengo la convicción de que me vas a invitar a comer. ¿Por qué no juntas unos 10 dirigentes y los invitas a todos?”. Entonces, invité como a 5 o 6 y ahí supe que no comía porque estaba sometido a ese tratamiento en el esófago.

Entonces hace una exposición en que señala que, en el fondo, la oposición a la dictadura la está llevando la Iglesia y que los demás no han hecho nada. Y un día que llegué a Santiago recibo un llamado del Cardenal Silva Henríquez, quien me dice que quiere hablar urgente conmigo. Me recibe en su despacho y me dice: “¿Qué está haciendo usted en Venezuela?”. Le respondo que estoy trabajando como asesor del Contralor y me dice: “No, le digo qué está haciendo usted como chileno allá, porque usted debería estar aquí. Usted es un personero que representa al laicismo y a la masonería. ¿Qué está haciendo la masonería? Nada. Usted tiene que venirse y contraer un compromiso”.

En realidad me encontré con que aquí la desorganización era tremenda y entonces me decidí a volver. Me vine en agosto de 1980 y ahí fui orador en el Parque O’Higgins. Empezamos a actuar y a hablar con toda esta gente y a darnos cuenta de que realmente el problema de la dictadura era muy fuerte y creamos eso que Gabriel había pensado: “La Alianza Democrática”.

Luego hubo cambio de presidencias y me nombraron Presidente del Partido Radical en 1983. Me di cuenta que realmente había un mundo de gente que ya estaba convencida de que el régimen gradualmente tenía que terminarse. En un teatro nos juntamos con Francisco Bulnes, Patricio Aylwin, Manuel Sanhueza Cruz, que era decano de la Facultad de Derecho en Concepción y ahí se analizó qué hacíamos para seguir luchando contra la dictadura, si actuábamos con un medio violento o pacífico. Les dije que luchar violentamente contra la dictadura era un mito, otros decían que la lucha pacífica sería muy larga. Finalmente llegamos a la conclusión de que teníamos que aceptar la Constitución del 80, pero declaramos también que ella tenía varios defectos en cuanto al sistema jurídico. Fui uno de los jefes de la campaña del No y ganamos el plebiscito.

¿Cómo fue su relación con Pinochet?

Él escuchaba algunas cosas. Actuaba con sentido del humor, tiraba tallas. Cuando fuimos elegidos, Aylwin dijo que teníamos que admitir que él siguiera siendo Comandante en Jefe de Ejército y en realidad tenía razón, porque no había otra forma y habíamos declarado que nos someteríamos a la Constitución del 80. Entonces, como Ministro, me tocó tener algunos contactos con él.

Fui precandidato a la presidencia en la elección del 89 y después renuncié a favor de Aylwin, porque no debíamos dispersarnos, sino unir fuerzas. Yo nunca encontré clara la posición de Lagos cuando el Partido Demócrata Cristiano nombró a Aylwin como su candidato y entonces me piden hacer una reunión y me pregunta: “¿Qué es esa elección tuya?”. Y le dije: “La misma que las de ustedes”. Y me dice: “Sí, pero yo tengo mayoría”. Y le respondo: “Pero yo tengo 7 partidos que me apoyan”. Entonces hice una jugada política que me resultó. Invité a comer a cada uno de los jefes de partidos y les dije: “Ustedes tienen un candidato a la Presidencia que soy yo y se los agradezco. Han nombrado 39 candidatos a parlamentarios y el Partido Radical lleva 19 candidatos a diputados, entonces les propongo que mi partido apoye a los 39 que llevan ustedes y ustedes apoyen a los 19 que yo llevo. Primero opinó Ricardo Núñez y dijo que estaba de acuerdo. Queda Lagos callado y le pregunto si está de acuerdo y me dice que está en absoluto desacuerdo: “Porque esto me suena a una especie de chanchullo, porque tú te vas a unir con la Democracia Cristiana y vas a hacer una concertación chica”. Y pregunto, quién va a negociar mi candidatura y me dice “nosotros”. Le dije que no se equivocara conmigo, porque si hay alguien que va a negociar sería yo.

Hablo con Patricio Aylwin y le digo: “Dónde va estar usted el próximo sábado”. Y me dice que estará fuera de Santiago. Le digo que le conviene quedarse en Santiago porque voy a proclamarlo a usted como candidato a la Presidencia de Chile del Partido Radical”. Se dio una negociación y así Patricio salió elegido candidato a la Presidencia, porque al renunciar a favor de él, ¿qué iban a hacer los otros precandidatos? En una semana, se sumaron todos. Aylwin me eligió como jefe de campaña y además Presidente de la Concertación y ganamos la elección.

Gabriel Valdés no lo perdonó, porque tanto Gabriel como Frei Ruiz-Tagle se sintieron engañados por la candidatura de Patricio Aylwin, por el “Carmen Gates”. Todos estos movimientos políticos de que les hablo, los formó Gabriel cuando volvió de Estados Unidos, asumiendo un indiscutido liderazgo. Patricio Aylwin había hablado a favor de la dictadura y le costó sacarse eso de encima.

El otro que habló en su momento fue Frei Montalva. Era francamente partidario de la dictadura, porque estaba convencido de que impediría el marxismo. Pensaba que una vez que entregara el poder a los civiles, él sería el candidato presidencial. A mí me dijo algo Frei que me hizo quedar desalentado. Éramos muy amigos, vivíamos a una cuadra de distancia en la calle Salvador y conversábamos mucho. Trató de con-vencerme de algunas cosas que eran absurdas. Me decía que Allende no podía surgir porque iba a conducir el país al marxismo y que había que derrocarlo. Era partidario del golpe militar. Le dije: “Estoy en absoluto desacuerdo y si tú apoyas esto te quemarás históricamente en Chile. ¿Cómo vas a aprobar un golpe?”.
Antes de eso, una vez me llamó y me dijo: “si podía invitarlo a comer con tres radicales tú, Schaulsson y Stitchkin”. Yo quiero que ustedes formen parte de mi gabinete, tú en Interior, Schaulsson en Justicia, y Stitchkin en Educación. Entonces Schaulsson que era el más político dijo: “No vas a tener a tres radicales, sino nada más que a tres radicales amigos tuyos en el gobierno. Nos van a echar del Partido Radical a los tres”.

Después me dijo que invitara a dos autoridades masónicas. “¿Para qué?” le dije. Me dice que para abrir las puertas a la masonería. Entonces invité al Gran Maestro de la Gran Logia de Chile don Aristóteles Berlendis, don Sótero del Río, y al Jefe del Departamento de acción masónica. Los convencí que aceptaran la invitación, pero le dijo a Frei lo que ya le había anticipado, que la masonería no actuaba políticamente, que si quería nombrar ministro a un masón, él podría aceptarlo como persona, pero no en representación de la masonería que no podía hacer eso.

Viene una tercera reunión con Hugo Miranda, que era el Presidente del Partido Radical. Nunca he visto una reunión más peleada y más dura. Hugo Miranda le enros-tró al Presidente: “Un ejemplo, tú quisiste nombrar a Enrique –lo que fue cierto– para que resolviera un conflicto con los profesores y entonces el Jefe del Partido Demócrata Cristiano dijo: “Nosotros no le vamos a poner las flores al Partido Radical” y se opusieron a tal nominación perjudicando al Gobierno.

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Enrique Silva Cimma con don Clotario Blest y don Hernol Flores.

¿Cómo se vio la relación de Alessandri con el Radicalismo y la Masonería?

El doctor Sótero del Río, masón, era el Ministro del Interior, pero no era radical. Yo fui Contralor durante los 6 años del gobierno de Alessandri. Todos los días jueves, durante todo su mandato, me invitó a tomar el té con él.

¿Sólo los dos o estaba también el doctor Sótero?

A menudo se incorporaba Sótero y siempre el perro del Presidente. El té era siempre muy frugal, galletas y quesillo. Esto era en La Moneda y empezaban las preguntas: “¿Enrique, qué le parece el subsecretario tal?”. Yo le decía: “Pero si son de la confianza suya, Presidente”. Y me decía: “Sí, pero yo quiero saber su opinión”. Una vez le dije: “Ese subsecretario –por el subsecretario de Educación– es un curado, no más”. Y me respondió: “Yo pensé que ese olor a alcohol que le sentía, según me había dicho, era debido a un tratamiento para la neuralgia al trigémino”.

Alessandri conocía muy bien a la administración. Era un tipo macanudo y era bien estatista. Se enojó conmigo en su segunda postulación presidencial, porque quería que lo apoyara y el Partido Radical estaba apoyando a Allende.

Cuéntenos de su señora.

Mi señora era muy católica y el Papa le entregó un obsequio. Además de un hermoso relicario bendecido por él, un diploma en el que se le otorga una indulgencia y ben-diciones apostólicas. La querían mucho y yo me hice muy amigo de ellos. Cuando mi señora murió, vino el Cardenal y él le hizo la misa. No había Iglesia que no hubiera visitado. Cada vez que viajaba al exterior. Lo que pasaba es que ella sufrió mucho. Tuvimos un niñito que al momento de nacer se le produjo un daño cerebral, por lo que estuvo hasta los 5 años en estado de ente y mi mujer estuvo los 5 años al lado del niño. Después tuvimos a Eduardito que tiene síndrome de Down. Ella vivió siempre a su lado y cuando estuvimos 6 años en exilio voluntario de Venezuela quiso llevarse a su hijo a Caracas, lo que los médicos no le permitieron. Ello significó que viajaba permanentemente a Chile, lo que en verdad nos sirvió mucho.

Yo soy un laico muy especial y nunca he tenido un problema de ningún tipo. A ella le gustaba viajar mucho y viajamos a muchos lados. Cuando me nombraron Canciller, estaba ya con su Parkinson. Es una enfermedad muy cruel. Era hija de padres franceses y me acompañó muy bien. Después empezó a decaer y ya no me pudo acompañar. Ella era muy amiga del Cardenal Errázuriz.

Estuve 64 años de casado. Tuvimos dos hijas y dos hijos. El sufrimiento nos ayudó mucho. Cuando mi hijo nació con síndrome de Down me puse a estudiar mucho y creé la primera escuela de profesores de enseñanza diferencial. Antes, estos enfermos eran considerados “dementes” y yo obtuve que fueran llamados “discapacitados mentales”. Esta escuela se aprobó en el gobierno de Alessandri, cuando yo era Contralor. Hay una serie de disposiciones que transformaron al tema de la discapacidad en una cosa seria y tanto es así que cuando me retiré de la Cancillería me preguntaron qué iba a hacer en adelante y les respondí que había tenido un hobby durante toda mi vida que es el tema de la discapacidad y que además iba a trabajar por los adultos mayores. Creamos con el Presidente una corporación privada de protección para los adultos mayores. En el directorio estaba Sergio Diez, Patricio Aylwin, Gonzalo Bulnes y le propusimos al Presidente Frei Ruiz–Tagle que elaborara un programa de protección a los adultos mayores. Frei aprobó el proyecto donde se proponía el Servicio Público del Adulto Mayor y lo logramos.

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Enrique Silva Cimma y Elena Marfan Cheyre, cuando fue candidato a Senador por Ñuble, Concepción y Arauco.

De la Universidad no hemos hablado mucho.

En esa época, en torno al 67 se dio la gran pelea por la reforma universitaria. Fui alumno de la Universidad de Chile. Ahora se está reviviendo algo que viene de esa época y que es la lucha entre la universidad pública y privada, de hacer prevalecer una sobre la otra. ¿Por qué se quiere imponer la idea de que haya una pugna entre una y otra? Creo que el Estado al tener una preocupación por la enseñanza, y la educación es tan importante para el país, debe fomentar que exista en paralelo universidades privadas y públicas. No entiendo que el actual Rector de la Universidad de Chile diga que se está haciendo prevalecer la enseñanza privada por sobre la pública y que se está tratando de sacar dinero de la enseñanza pública para traspasarlo a la privada. No concibo que se diga a estas alturas que la enseñanza privada va a quedar subordinada a la enseñanza pública y tampoco a la inversa. Si se analiza el caso de la Universidad Católica, ha prevalecido en muchos campos al éxito de la universidad pública. Si es que le van a sacar fondos a la pública para dárselos a la privada, tampoco es eso justo.

Hace años, paseando con Patricio Aylwin por el pasillo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile –donde ambos éramos profesores de Derecho Administrativo–, comentábamos una ley que acababa de salir y que aumentaba los sueldos de los empleados públicos y aumentaba el aporte con que la Universidad de Chile iba aumentar el sueldo a sus profesores. Al final, tenía un artículo que decía: “Traspásese a la Universidad Católica la cantidad de (…) para que cumpla con su profesorado las disposiciones de esta ley”. En el fondo, esa disposición de la ley aumentaba los sueldos de los empleados públicos, pero también de las universidades privadas. Entonces le digo a Patricio: “Así que va a tener un doble aumento de sueldo”, porque él era profesor de las dos universidades. Patricio me dice con la mejor buena fe. “No, Enrique, creo que no es así, porque la Universidad Católica recibe ese dinero pero no nos aumenta los sueldos sino que dispone de ese dinero para otras finalidades. Le digo: “Pero si la ley de la República dice que aporta esos dineros para que cumpla las disposiciones de la ley”. Pero él insistió en que no era así.

Se armó entonces una discusión si acaso la Contraloría tiene derecho a fiscalizar a órganos privados si ellos reciben fondos públicos. Mi posición era que sí lo tenía. Fui a la Comisión de Legislación del Senado. Fernando Alessandri me dice que tengo razón, pero sólo en parte; no puedo fiscalizar lo que quiera de una universidad privada. En el artículo 25 de la actual ley de la Contraloría figura esto: “Los dineros que los órganos del Estado con personalidad jurídica de derecho privado reciban de fondos públicos, la Contraloría deberá fiscalizar cómo se cumple la finalidad que le dio la ley”. Esto fue el fin de tal discusión. Nació dicha iniciativa legal.

Cuando Jorge Alessandri era Ministro de Hacienda de Gabriel González Videla, yo era asesor de él. Entonces, me decía, “Acompáñeme, Enrique, a discutir al Congreso esta ley en que hay que tener dinero disponible para entregárselos a estos parlamentarios. Usted vaya anotando todo esto”. En el parlamento le decían: “Ministro, podría dar 10 millones al Comité de Rayuela de Valparaíso”. Y él decía: “Le voy a dar 5”. Y yo anotaba. Pasó una vez que el club de rayuela no existía y en su lugar estaba la secretaría del Diputado que solicitó los fondos, con el propósito de financiar su campaña. Por ello, era indispensable la fiscalización, aunque se tratara de órganos privados.